Periodismo contra el cambio climático
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Fuera de la ley:
construcción de carretera ilegal en Loreto pone en peligro a comunidades en aislamiento
Fuera de la ley:
construcción de carretera ilegal en Loreto pone en peligro a comunidades en aislamiento
Una vía ilegal comenzó a abrirse paso por la Amazonía y las consecuencias podrían ser perjudiciales. Se trata de la carretera Jenaro Herrera- Colonia Angamos en Loreto. Su construcción no solo pone en peligro la biodiversidad de reservas naturales sino que también afecta a más de tres pueblos indígenas en situación de aislamiento.
Foto: Vico Méndez - SPDA
Por Manuel Marquina y Killa Cuba
A través de una nota de prensa publicada en enero de 2021, el Gobierno Regional de Loreto comunicó que se había iniciado la construcción de la carretera que uniría a Jenaro Herrera con la comunidad Colonia Angamos, ubicada en la línea fronteriza con Brasil. Hasta ese entonces, anunciaron que avanzaron con el desbosque de 18 kilómetros de la vía. Pero el aparente logro de la gestión del gobernador Elisban Ochoa infringe normas de conservación ambiental.
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En julio, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la ONG Cuencas Sagradas Amazónicas, denunciaron que el proyecto de la carretera Jenaro Herrera- Colonia Angamos se estaba ejecutando sin contar con los instrumentos de gestión ambiental correspondientes. Entre ellos, el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por Senace y la Autorización de Desbosque que otorga Serfor.
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De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transporte, para iniciar la ejecución de una obra es necesario contar con una certificación ambiental. La norma aclara que incluso los estudios ambientales presentados después del inicio de la obra son improcedentes.
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Pasando por alto todos los protocolos de conservación ambiental que exige la ley, hasta mayo de 2021, se deforestó aproximadamente 40 kilómetros de la vía, según alertó el Instituto de Defensa Legal (IDL).
VISTA SATELITAL. En esta imagen satelital se puede observar el avance de la ruta hasta el kilómetro 58. Foto: Google Earth.
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Impacto ambiental y social
La construcción de esta infraestructura, que no toma en cuenta los efectos adversos que puede traer sobre la biodiversidad, es un delito contra los recursos naturales, previsto en el artículo 310 del Código Penal. Un informe de la Defensoría del Pueblo publicado en septiembre señala que la ejecución de esta obra pone en peligro la preservación de bosques vírgenes de áreas naturales protegidas ubicadas en el entorno de la vía como al Reserva Nacional Matsés, la Reserva Nacional Pacaya Samiria y el Área de Conservación Regional Comunal Tamshiyacu – Tahuayo.
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Las comunidades indígenas en aislamiento que habitan en los alrededores son las principales afectadas. “Existe información oficial por parte del Ministerio de Cultura la cual demuestra que pueblos indígenas en situación de aislamiento viven y transitan alrededor de esta carretera”, señala la abogada constitucionalista del IDL, Maritza Quispe. Además sostiene que la construcción de la vía implica una vulneración de su derecho a la vida.
La construcción de esta infraestructura, que no toma en cuenta los efectos adversos que puede traer sobre la biodiversidad, es un delito contra los recursos naturales".
Según explica la abogada de IDL, lo que puede suceder es que se ahuyente a los pueblos vulnerables de las zonas por las que históricamente han transitado. Y quizás lo más grave es que el posible contacto con terceros significaría una amenaza para su salud. “Se pueden contagiar de alguna enfermedad y su sistema inmunológico podría no resistir una gripe. Podría ser fatal porque cabe la posibilidad de que también transmitan el virus a su comunidad”, explica.
IMÁGENES SATELITALES. La Carretera Jenaro Herrera-Colonia Angamos tiene una expansión proyectada de 97 kilómetros. Comprende zonas donde ya se han identificado puntos de deforestación. Foto: Google Earth.
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Impunidad
A pesar de que instituciones como Provías Descentralizado, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, confirmó que el proyecto vial no cuenta con expediente técnico aprobado, ni autorización de desbosque o certificación ambiental, aún no existe una sanción para los responsables.
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“Ellos (Gore Loreto) han referido que no se trataba de la construcción de la carretera, que lo que estaban haciendo era dar mantenimiento en base al presupuesto remitido por el Ministerio de Transportes”, señaló el fiscal Félix Castro, de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de Nauta, quien está cargo de la investigación de este caso.
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A pesar de que las imágenes imágenes satelitales demuestran que se habría abierto una trocha en medio del camino, Rafael Pezo, jefe de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Loreto, sostuvo que desde su gestión aún no se ha iniciado ningún proceso de construcción, puesto que el expediente técnico y los estudios de impacto ambiental continúan en proceso de elaboración. El funcionario añadió que los tramos realizados de avanzados desde Jenaro Herrera y desde Colonia Angamos existen desde hace más de 25 años.
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Uno de los problemas que se tendría al momento de intentar sancionar este accionar, es que, si bien en junio de este año el MTC aprobó el Reglamento de Supervisión y Fiscalización en Materia Ambiental para el Sector Transportes, no se tipificaron las infracciones administrativas por el incumplimiento del mismo. En ese sentido, para la aplicación del principio de tipicidad que rige el poder sancionador de las autoridades administrativas, no se podría ejercer dicha potestad.
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Sin embargo, el MTC puede aplicar la tipificación de infracciones y sanciones generales que apruebe la OEFA, como la tipificación de las infracciones administrativas y escalas de sanciones relacionadas con los instrumentos de Gestión Ambiental que la institución en cuestión emitió en 2018. Cabe resaltar la urgencia de que el MTC tipifique las sanciones administrativas en su Reglamento, pues este tipo de construcciones son un peligro para el medio ambiente y posiblemente para las poblaciones aledañas.
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La Nota Verde se comunicó con el Director Regional de Transporte con Arturo Espinoza, jefe de la Dirección General de Asuntos Ambientales del Viceministerio de Transportes, para conocer cómo iba el proceso de reglamentación de este instrumento de fiscalización ambiental. Enviamos nuestras preguntas por escrito, pero hasta el momento no obtuvimos respuesta.
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Entre tanto, las organizaciones que alertaron sobre está afectación a la Amazonía, siguen esperando a que se identifiquen a los responsables y se esclarezcan los hechos. “No estamos en contra del desarrollo ni de que se hagan carreteras, lo que queremos es que se hagan las cosas bien y que se ponderen los derechos de los pueblos indígenas”, señaló Maritza Quispe.